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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El
presidente Leonel Fernández deberá enviar una “declaración testifical “a
los tribunales españoles, por un caso de fraude súper millonario
ocurrido en Estepona, Marbella, España, que afecta a más de cien
familias norirlandesas y británicas que compraron propiedades también en
la República Dominicana, en un “proyecto fantasma” que el mandatario
dominicano inauguró en la región este junto al príncipe Alberto de
Mónaco.
El escándalo, del que se hace eco el periódico español El Mundo el
pasado 13 de diciembre, ha tomado amplitud. Protagonizado por el abogado
y promotor español Ricardo Miranda Miret y los agentes inmobiliarios
británicos David Charles Stewart, Robert Hohn Parkes y Colin Thomas, la
llamada “macroestafa involucra entre 70 y 80 millones de euros
depositados por los afectados como avance de los apartamentos que
supuestamente construirían los promotores en Estepona, Marruecos y la
República Dominicana.
De acuerdo con la nota de El Mundo, Alberto de Mónaco habría recibido
un pago de Miranda para viajar a la República Dominicana y dar por
iniciada la construcción, el 29 de diciembre de 2008, en el proyecto
turístico inmobiliario Punta Perla Caribbean Golf, Marina & Resort,
cuya inversión sería de 2,500 millones de dólares
A continuación la nota del periódico El Mundo
Una representación de más de 100 familias norirladesas, afectadas por
la macroestafa inmobiliaria de Estepona relacionada con 395
apartamentos, ha presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla, en
Madrid, una querella por estafa y apropiación indebida contra el
promotor español Ricardo Miranda Miret y los agentes inmobiliarios
británicos David Charles Stewart, Robert Hohn Parkes y Colin Thomas.
El caso fue desvelado el 13 de diciembre por EL MUNDO.es y tuvo
repercusión en medios de comunicación de Irlanda de Norte, que se
hicieron eco del fraude. Las familias entregaron dinero a cuenta a la
agencia inmobiliaria británica Ocean View Properties, entre los años
2005 y 2006.
Tal y como ha informado este jueves en rueda de prensa el abogado
Antonio Flores, responsable del bufete marbellí Lawbird, hay 90
afectados que él representa, 68 de los cuales están directamente
vinculados a la estafa de Estepona, cifrada en 4,5 millones de euros. No
obstante el fraude se extiende a la República Dominicana y Marruecos.
Flores sostiene que hay "cerca de 1.000 afectados" entre los tres
países citados. Cada uno de estos perjudicados depositó una media de
"entre 70 y 80.000 euros" para la señal de las viviendas, que nunca
llegaron a construirse y se vendieron sobre plano. Algunos de los
querellados invirtieron por familia entre uno y dos millones de euros, a
modo de depósito.
El letrado ha concretado que la cantidad total estafada "estaría
entre 70 y 80 millones de euros" entre la promoción de Estepona, así
como las viviendas del país caribeño y Marruecos.
En la querella, de 51 folios de extensión, a la que ha tenido acceso
EL MUNDO.es se solicita, como medida cautelar, que los afectados puedan
recuperar los depósitos abonados, además de una compensación por los
daños morales padecidos.
Flores ha concretado ante los periodistas que su bufete marbellí pide
que "se congelen 7,8 millones de euros de fondos de los cuatro
querellados", así como que depositen fianzas. "En caso contrario
pediríamos medidas privativas de libertad", en alusión a la prisión
preventiva.
Entre las pruebas solicitadas por los querellantes destaca la
petición para que declare como testigo el príncipe Alberto de Mónaco,
que supuestamente "recibió un pago" del promotor Ricardo Miranda, según
Flores, para poner la primera piedra de un proyecto fantasma en la
Repúbica Dominicana. De hecho, la declaración testifical del presidente
de dicho país caribeño, Leonel Fernández, también ha sido pedida.
En el caso de la operación de Estepona el promotor Miranda ni
siquiera era propietario de los suelos y tampoco tenía licencia alguna
otorgada por el Ayuntamiento de Estepona. El querellado pagó 200.000
euros de señal de un total de 18 millones de euros al propietario
esteponero del solar. Se trata de una parcela que continúa siendo suelo
rústico, según Antonio Flores, y que no se ha desarrollado.
Miranda se anunciaba en la prensa dominicana, años atrás, como el
artífice de haber construido 8.000 viviendas en la Costa del Sol algo
que el letrado Flores califica de "absolutamente falso" porque -ha
acotado- "no ha llegado a construir ninguna".
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