Quien se sienta difamado o injuriado debía exigir una reparación pública a quien pudo incurrir en esos delitos
Embajada de EE.UU en Santo Domingo.
Acento.com.do/Archivo
Varios de los personajes públicos cuyos nombres han salido a relucir
en los cables que la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ha
enviado al Departamento de Estado, han salido a defenderse negando la
veracidad de esos informes diplomáticos.
La mayoría, sin embargo, ha errado en la búsqueda de un culpable al
cual endilgar los supuestos yerros, inexactitudes y falsedades
contenidos en los mensajes de los embajadores estadounidenses, pues han
dirigido sus rabias y sus desmentidos hacia el sitio web Wikileaks, y algunos casos al Grupo SIN.
Quien se sienta difamado o injuriado debía exigir una reparación pública a quien pudo incurrir en esos delitos.
En estos casos necesariamente la búsqueda del presunto culpable
habría que dirigirla hacia la Embajada de Estados Unidos en Santo
Domingo, o bien hacia los funcionarios públicos dominicanos que hasta
ahora han sido citados en los cables diplomáticos exponiendo sus puntos
de vista y valoraciones sobre otros funcionarios civiles y militares, a
los cuales han dejado mal parados ante la opinión pública y la
ciudadanía.
Sería interesante saber cuántas “reuniones de trabajo” ha sostenido el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos con el embajador dominicano en Washington
No con menos irresponsabilidad han actuado quienes han reaccionado con ataques contra el portal Wikileaks, que sólo ha sido depositario de los cables filtrados, o contra Grupo SIN, como medio que obtuvo la exclusividad del valioso material informativo.
En ambos casos se trata de una vergüenza. No sólo porque no han
podido desmentir los documentos de manera convincente, sino porque han
preferido atacar a quienes consideran más débiles, a pesar de que saben
el origen de los comentarios e informaciones que les han molestado.
Y lo que dicen quienes se han quejado por la publicación de los
cables es que con su comportamiento han puesto al desnudo la debilidad
de la soberanía de la República Dominicana.
Somos un país en donde los más altos funcionarios, incluso el
Presidente, parece que estuvieran obligados a despachar o a rendir
cuentas ante el embajador de Estados Unidos.
El presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa,
por ejemplo, dijo que había sostenido unas cincuenta “reuniones de
trabajo” con el embajador estadounidense.
Sería interesante saber cuántas “reuniones de trabajo” ha sostenido
el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos con el embajador
dominicano en Washington.
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