Objetan abogado propuesto al Consejo de la Magistrura
Periodistas y comunicadores de la República Dominicana expresaron su
rechazo a las presiones y amenazas de funcionarios gubernamentales
contra el ejercicio de la libertad de prensa en el país, y solicitaron
al liderazgo empresarial y a otros sectores de la vida nacional,
“pronunciarse públicamente en rechazo de estos mecanismos, que pretenden
crear una sociedad de silencio y opacidad”.
Al referirse al emplazamiento legal del superintendente de
Electricidad, Euclides Gutiérrez Felix, para tratar de evitar que las
empresas e instituciones establecidas en el país coloquen publicidad en
el programa de la periodista Nuria Piera, los comunicadores expresaron
su preocupación “por el uso de un mecanismo que atenta de manera directa
contra la libertad de prensa, el libre comercio y el derecho a la libre
información”.
La posición de los comunicadores fue dada a conocer mediante un
comunicado leído en una rueda de prensa encabezada por los periodistas
Juan Bolivar Díaz, Huchi Lora, Miguel Guerrero, Alicia Ortega, José
Tejada Gómez, María Isabel Soldevila, Altagracia Salazar, Fausto Rosario
Adames, Jean Michel Caroit, Adalberto Grullón, Luis José Chávez y Nuria
Piera.
Tras leer el comunicado, el periodista Juan Bolivar Díaz declaró que
el documento será entregado a representantes del liderazgo empresarial
dominicano y a las organizaciones nacionales e internacionales que velan
por el respeto a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Citó entre esas entidades al Colegio Dominicano de Periodistas, la
Sociedad Dominicana de Diarios, la Asociación Dominicana de Periodistas
y Escritores, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación
Dominicana de Radiodifusoras, la Federación Latinoamericana de
Periodistas y la Comisión de Libertad de Prensa de la UNESCO.
También las entidades empresariales Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP); Asociación de Industrias de la República Dominicana
(AIRD); Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Asociación de
Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), y Asociación de
Empresas Industriales de Herrera (AEIH), representantes de los sectores
sometidos a la intimación anunciada por el doctor Gutierrez Felix.
En la misma rueda de prensa, se presentó una carta dirigida al
Consejo Nacional de la Magistratura mediante la cual se objetó la
propuesta para que el abogado Raul Reyes Vásquez pueda formar parte de
la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, bajo el
argumento de que éste suscribió la intimación contra los anunciantes de
los programas lde Nuria Piera, acción que definieron como contraria a la
Ley a la Constitución de la República Dominicana.
“Nuestra oposición a esa candidatura se basa en que el abogado Reyes
Vásquez ha firmado una intimación a los anunciantes de un medio de
comunicación con la pretensión de silenciarlo, en un acto antijurídico
que deviene en violación a derechos fundamentales como la libertad de
prensa, la libre expresión del pensamiento y el derecho a la
información”, indica la comunicación leída por el periodista Huchi
Lora..
Explica la misiva que “el acto enviado por este abogado a nombre del
superintendente de seguros, Euclides Gutiérrez Féliz, advierte a los
anunciantes del programa Nuria, de la periodista Nuria Piera, que los
sometería como responsables de las denuncias que esta comunicadora ha
presentado, con pruebas documentales, de que el mencionado funcionario
no paga el servicio de energía eléctrica desde hace más de cinco años”.
A continuación los documentos entregados durante la rueda de prensa:
El comunicado:
Señores Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); sociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD);
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE);
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS),
Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH).
Los periodistas firmantes queremos compartir con ustedes nuestra
preocupación por el uso de un mecanismo que atenta de manera directa
contra la libertad de prensa, el libre comercio y el derecho a la libre
información.
Se trata de funcionarios gubernamentales cuyas actuaciones
cuestionables han sido dadas a conocer por trabajos periodísticos de
investigación, y que han reaccionado tratando de silenciar a la prensa
haciendo presión sobre las empresas anunciantes.
Cualquier ciudadano que se sienta difamado tiene a su alcance el
recurso de una demanda por injuria y difamación, pero esa vía, que es la
correcta, tiene para ellos una dificultad: si el periodista acusado
demuestra en juicio que lo que publicó responde a la verdad, la demanda
se cae y el demandante queda aún más evidenciado.
Ya son dos los casos en que, haciendo uso de un cuestionable
malabarismo jurídico, funcionarios gubernamentales de actuaciones
contrarias a la transparencia, envían actos de alguacil a las empresas
anunciantes, con la amenaza de que las harán penal y civilmente
responsables de las publicaciones que se difundan sobre sus hechos y
conductas.
Estos funcionarios saben que una demanda contra una empresa
anunciante nunca produciría un resultado legal favorable para ellos,
pues la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, pone la
responsabilidad de lo publicado en los hombros de los periodistas y los
directivos de los medios, nunca de los anunciantes, que obviamente no
tienen el control de los contenidos periodísticos. Sin embargo, ejercen
la presión sobre las empresas anunciantes buscando causar un daño
económico a los medios periodísticos responsables.
La víctima final de esta maniobra es el ciudadano, pues lo que se
busca es que éste no pueda enterarse de las acciones cuestionables de
esos servidores públicos, y para causar ese perjuicio a la sociedad,
pretenden amedrentar a periodistas y a empresarios.
En el primer caso, protagonizado por el señor Héctor Rodríguez
Pimentel, ex director del INDRHI y del IAD, contra la periodista Alicia
Ortega, ésta elevó un recurso de amparo y la decisión judicial fue
contundente: la sentencia estableció la ilegalidad de la maniobra,
considerándola como un atentado contra la libertad de expresión y
difusión del pensamiento.
Del segundo caso, protagonizado por el Dr. Euclides Gutiérrez Félix,
Ministro sin Cartera y Superintendente de Seguros, contra la periodista
Nuria Piera, ya ha sido apoderada la justicia de un recurso de amparo.
En vista de esta situación, invitamos a todas las organizaciones
empresariales del país a pronunciarse públicamente en rechazo de estos
mecanismos, que pretenden crear una sociedad de silencio y opacidad,
contraria a las aspiraciones de democracia y transparencia por la que
ustedes vienen luchando.
Defendamos la transparencia y los principios democráticos.
Atentamente,
Adalberto Grullón, Fausto Rosario Adames, Nuria Piera, Jean Michael
Caroit, Juan Bolívar Díaz, Alicia Ortega, Miguel Guerrero, Huchi Lora,
Roberto Cavada, Miguel Febles, Nancy Brito, Azize Melgen, Paola Espinal,
Anyelis Isa, Altagracia Salazar, José Tejada Gómez, María Isabel
Soldevila, Luis José Chávez, Jorge Pineda, José Rodrígue, Raquel Awilda
González, Erick Mendoza, Francisco Álvarez, Mercedes Castillo, Eduardo
Alvarez, Rafael Toribio, Amelia Deschamps, …
La carta
Señores
Integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura
Han sido ustedes convocados para la delicadísima tarea de escoger a
los magistrados que integrarán la SCJ, el TC y el TSE, en una elección
llamada a mejorar la confianza de los ciudadanos en su sistema de
justicia. Como ciudadanos y como periodistas, los firmantes de esta
comunicación nos dirijimos con todo respeto a ese CNM para expresar
nuestra oposición a que el abogado Raúl Reyes Vásquez pueda formar parte
de la SCJ o del TC, posiciones a las que aspira.
Nuestra oposición a esa candidatura se basa en que el abogado Reyes
Vásquez ha firmado una intimación a los anunciantes de un medio de
comunicación con la pretensión de silenciarlo, en un acto antijurídico
que deviene en violación a derechos fundamentales como la libertad de
prensa, la libre expresión del pensamiento y el derecho a la
información.
El acto, enviado por este abogado a nombre del superintendente de
seguros, Euclides Gutiérrez Féliz, advierte a los anunciantes del
programa Nuria, de la periodista Nuria Piera, que los sometería como
responsables de las denuncias que esta comunicadora ha presentado, con
pruebas documentales, de que el mencionado funcionario no paga el
servicio de energía eléctrica desde hace más de cinco años.
Con este acto, el mencionado abogado demuestra, primero, que ignora
un principio jurídico elemental: que los anunciantes de un medio de
prensa no tienen el control de su contenido y por tanto no pueden ser
perseguidos como supuestos responsables de publicaciones periodísticas,
y, segundo, se presta a una maniobra que sólo sirve como medio de
amedrentamiento, poniendo en riesgo los indicados derechos fundamentales
no sólo para los periodistas, sino además para todos los ciudadanos.
Esa actuación evidencia que el perfil de ese abogado no se ajusta a
las cualidades que deben adornar a un magistrado de la SCJ o del TC,
como el dominio de la ley y la doctrina jurídica, y el compromiso con
los fundamentos de un estado de derecho.
Agradeciéndoles que tengan a bien tomar en consideración estas razones, les saludan, atentamente,
María Isabel Soldevila, Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Nuria Piera,
Alicia Ortega, Altagracia Salazar, Nancy Brito, Paola Espinal, Anyelis
Isa, Fausto Rosario Adames, Miguel Guerrero, José Tejada Gómez, Jean
Michel Caroit, Fernando Hasbún, Luis José Chávez, Roberto Cavada, .
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