El establecimiento de tarifas antojadizas en los colegios privados, excursiones compulsivas, mora por retraso, cobros de cuotas en vacaciones y por derecho a graduación, son sólo algunos aspectos del gran negocio de la enseñanza en el país.
Estas demandas económicas de los propietarios de los colegios significan para las familias de clase media, las que generalmente envían sus hijos a la educación privada, alrededor del 30% de sus ingresos.
Aunque este es un tema que como el ave fénix, renace cada año, la Secretaría de Educación nunca ha podido controlar los afanes mercuriales de los propietarios de colegios privados.
En el presente año escolar, las tarifas promedios en los colegios de clase media oscilan entre los 1,000 y 1,500 pesos mensuales.
Los colegios de la clase alta fijan las tarifas anuales y el precio puede oscilar entre los 7,500 y 8,000 dólares o su equivalente en pesos.
Sin embargo, las tarifas más elevadas las cobran los colegios católicos, que en la mayoría de los casos tienen grandes estructuras físicas, construidas con ayuda del Estado, además reciben subvenciones a través del pago de profesores y becas para estudiantes.
Estos problemas forman parte de la carpeta de cada secretario de Educación, que siempre prometen revisar, controlar o congelar las tarifas.
Sin embargo, los compromisos políticos y la deficiencia en el sistema educativo público hacen que las medidas se queden en los archivos de los medios de comunicación.
La “independencia” de los colegios ha llegado al extremo de que en muchos de ellos, algunos bilingües, el pago hay que hacerlo en dólares.
A los gastos en colegiatura que tienen las familias, hay que agregar útiles escolares, uniformes y transporte.
Además, las constantes excursiones, las fiestas internas, los días de colores, pago de graduaciones en todos los niveles.
Tomando como promedio una familia de dos hijos, ésta debe disponer de un promedio de entre cinco y seis mil pesos mensuales, más que el salario mínimo establecido en la Ley.
En el extremo opuesto, el gasto superaría los 50 mil pesos mensuales, lo que revela que entre el 75 y 80% de la población está obligada a enviar sus hijos a los centros de educación público.
Aunque la Secretaría de Educación no hace nada para regular o supervisar el funcionamiento de los colegios, los propietarios de esos centros se constituyen, a través de asociaciones, en mecanismo de presión.
Esto quedó demostrado cuando ese ministerio intentó establecer un uniforme único para el sistema educativo, público y privado; o cuando un diputado presentó un proyecto de ley para congelar las tarifas de los colegios durante tres años.
Pero a pesar de esta situación, la realidad es que en el país existe una oferta creciente de la educación privada.
Otra realidad que no se debe obviar es la que la calidad de la enseñanza en los colegios es superior a la del sector público; pero a qué precio.
Esta situación constituye también un problema en otros países de la región, por otras naciones han diseñado programas y organismos para monitorear tarifas, nivel de calidad y un sistema de información que permita al usuario conocer los resultados históricos de las pruebas nacionales para los colegios del sistema.
La meta sería lograr que los estudiantes de escuelas públicas tengan la misma oportunidad de competir en el mercado laboral con los de los colegios privados.
De lo contrario, la educación en República Dominicana será cada vez más mercancía y menos bien público.
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