El gobierno tiene la potestad de aumentar la tarifa del servicio eléctrico, incluso sin avisar a los usuarios, pero no tiene “posibilidad real” de cumplir la ley que le obliga a resarcir a los usuarios por la forma inadecuada de administrar los apagones.
De acuerdo con los cálculos de la Fundación por los Derechos del Consumidor, las distribuidoras de electricidad deben a la fecha a los usuarios RD$77,000 millones, en compensación desde enero de 2003.El párrafo II del artículo 93 de la Ley General de Electricidad manda a que sean compensados los usuarios del servicio de electricidad con el 150 por ciento del costo de cada hora de apagón no justificada.
De acuerdo con las leyes que rigen las relaciones del gobierno con los usuarios de los servicios de electricidad, la Superintendencia de Electricidad es la instancia encargada de disponer la aplicación de la Ley General de Electricidad, la número 125-01 en lo relativo a la fijación de tarifas y la regulación de las relaciones con los usuarios.
El Superintendente de Electricitad, Francisco Méndez, emitió sus declaraciones sobre el partirular.
“Si se compensa a los clientes de las distribuidoras (de electricidad) por las interrupciones del servicio eléctrico, como manda la Ley, el Gobierno tendría que destinar para ese fin alrededor de US$200 millones anuales adicionales a los US$700 que dedican al subsidio del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)”, opinó el funcionario.
Méndez, en cambio, favoreció que la legislación relativa a la recompensa en favor de los usuarios sea objeto de una revisión. “Las leyes tienen una razonabilidad y una lógica”, declaró el funcionario.
En opinión del Superintendente de Electricidad, la ley en vez de avanzar con los cambios que se les realizaron posterior a su aprobación, retrocedió.
Méndez dijo que el Sistema Eléctrico Nacional opera con un déficit entre el suministro y la demanda de electricidad “intrínseca” de entre un 15 y 20 por ciento y aún así el Gobierno tiene que dar un subsidio anual de alrededor de US$700 millones.
El titular de la Superintendencia de Electricidad señaló que es imposible adicionar a ese monto el subsidio de unos US$200 millones anuales que representaría para el Estado si se compensa a la población por los apagones.
También argumentó que para resarcir a los clientes de electricidad por el costo de los apagones, habría que establecer esa medida en los contratos de generación de electricidad.
“Y no está en los contratos que se firmaron en el Acuerdo de Madrid”, agregó Méndez.
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